La Comisión Ballenera Internacional (CBI), que congrega a 80 países, se reúne en Chile desde el lunes para analizar el estado de las poblaciones de ballenas y delfines y debatir una eventual reapertura de la caza comercial de los grandes cetáceos que está vigente desde 1986.
La organización internacional se reúne todos los años, rodeada siempre de controversia entre países conservacionistas y aquellos que históricamente han sido partidarios de reabrir la caza comercial de la ballena, encabezados por Japón, Islandia y Noruega.
En vísperas de la reunión organizaciones conservacionistas como Greenpeace, IFAW o WSPA alertaron sobre nuevos intentos de Japón para la captura de ballenas, más allá de fines científicos, a través de una eventual petición para explotarla en cuatro áreas costeras.
Milko Schvartzman, coordinador de campaña de océanos en América Latina de Greenpeace, explicó que aún no estaba claro qué propuesta presentará Japón durante la reunión que se inicia el lunes, aunque se presume que insistirá en su postura histórica de permitir el comercio de las ballenas.
Beatriz Bugeda, del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales y su Hábitat (IFAW, en inglés), aseguró por su parte que Japón volverá a insistir en Chile en su propuesta sobre la caza de ballenas.
Esta vez, explicó Bugeda, presuntamente lo hará con una propuesta para que se vote una resolución que autorice la caza de los cetáceos en cuatro áreas costeras, con el argumento de que sus comunidades históricamente han consumido y explotado los recursos de las ballenas.
El delegado japonés ante la CBI, Joji Morishita, no confirmó la presentación de la propuesta en una reciente entrevista con el diario El Mercurio de Santiago, aunque validó la postura favorable de Japón para la caza comercial del cetáceo.
Morishita explicó que para su país el consumo de carne de ballena es una tradición milenaria, que debería ser respetada en el resto del mundo. "Es un asunto de aceptar la coexistencia de las diferentes culturas", señaló.
El delegado japonés precisó además que ellos no promueven la apertura de la caza de todas las especies de ballenas, sino de aquellas cuyas poblaciones son abundantes.
"A menudo la gente que se opone a la caza dice que las ballenas están en peligro, pero es como decir que las aves están en peligro", señaló.
En el marco de la reunión en Santiago se discutirá también la creación de un santuario ballenero en el Atlántico sur, que abarca desde la línea del Ecuador hasta el paralelo 60 en la Antártida.
La iniciativa es promovida por el llamado Grupo de Buenos Aires, y busca crear una gran área de protección donde para siempre esté prohibida la caza de ballenas, promoviendo además el avistamiento de los cetáceos con fines turísticos.
"La importancia de la creación de un santuario en el Atlántico sur permitirá proteger de la cacería indiscriminada a especies clave para el avistaje en la región, como son las ballenas jorobadas y franca", dijo Beatriz Bugeda.
Para ser aprobada la propuesta necesita el 75% de los votos. En la reunión anterior no se lograron los sufragios.
El grupo conservacionista está compuesto por Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, y Uruguay.
Además de este santuario se espera una declaración oficial de Chile para declarar como zona protegida sus aguas jurisdiccionales, que se extienden por 4.500 km de costa.
Japón: carne de ballena, plato de discordia entre Greenpeace y gobierno
La policía japonesa detuvo el viernes a dos miembros de la organización ecologista Greenpeace que habían denunciado un tráfico ilegal de carne de ballena, acusando a los activistas de haberse robado la carne que presentaron como prueba de tales denuncias.
La policía allanó la sede en Tokio de la célebre ONG defensora del medio ambiente, así como las viviendas de los dos militantes detenidos, Junichi Sato, de 31 años, uno de los principales opositores a la caza de ballenas, y Toru Suzuki, de 41 años.
En mayo, Greenpeace había denunciado un tráfico ilegal de carne de ballena, afirmando que una parte de los cetáceos cazados en el Antártico en los últimos meses por Japón, bajo pretextos científicos, terminaba en el mercado negro.
Greenpeace reveló que había incautado una caja con 23,5 kilos de carne de ballena, de un valor de cerca de 2.000 euros, sacada clandestinamente por los tripulantes del "Nisshin Maru", navío almirante de la flota ballenera japonesa, cuya campaña de cacería en el Antártico generó numerosas protestas internacionales.
Un portavoz de la policía de Aomori (norte), donde la caja fue interceptada el 16 de abril, explicó que los militantes habían sido detenidos por haberse introducido ilegalmente en una propiedad privada para robar.
La organización ecologista había anunciado en mayo que iba a presentar una demanda judicial contra 12 miembros de la tripulación del "Nisshin Maru" que sacaban la carne del barco escondida en sus maletas.
La firma Kyodo Senpaku, armador y fletadora del barco, indicó en ese entonces que era una tradición dejar un poco de carne a la tripulación de las balleneras, pero un responsable de la empresa reconoció, pidiendo no ser identificado, que se sospechaba actos delictivos en torno a esa carne.
Japón caza ballenas utilizando una tolerancia de la Comisión ballenera internacional para campañas con objetivos "científicos", ya que la caza comercial de cetáceos está prohibida desde 1986.
Las autoridades japonesas reconocen que la carne de estos animales termina en los platos, pero según ellas sólo se trata de "productos derivados" de la investigación que sería una lástima arrojar a la basura.
Greenpeace denunció la detención de sus miembros como "una táctica de intimidación" por parte del gobierno.
"Hemos descubierto un escándalo en el que están implicados varios potentados del gobierno japonés que se benefician de la caza de ballenas, no es sorprendente que contraataquen", declaró el director de Greenpeace en Japón, Jun Hoshikawa.
"Lo que es sorprendente es que estos activistas, que no han cometido crimen alguno, sean detenidos por devolver la carne que ha sido robada a los contribuyentes japoneses", añadió.
La venta de la carne de ballena está en consecuencia estrictamente reglamentada en Japón, vendida a mayoristas a un precio establecido por el Instituto de investigación sobre los cetáceos, subvencionado por el gobierno.
La policía allanó la sede en Tokio de la célebre ONG defensora del medio ambiente, así como las viviendas de los dos militantes detenidos, Junichi Sato, de 31 años, uno de los principales opositores a la caza de ballenas, y Toru Suzuki, de 41 años.
En mayo, Greenpeace había denunciado un tráfico ilegal de carne de ballena, afirmando que una parte de los cetáceos cazados en el Antártico en los últimos meses por Japón, bajo pretextos científicos, terminaba en el mercado negro.
Greenpeace reveló que había incautado una caja con 23,5 kilos de carne de ballena, de un valor de cerca de 2.000 euros, sacada clandestinamente por los tripulantes del "Nisshin Maru", navío almirante de la flota ballenera japonesa, cuya campaña de cacería en el Antártico generó numerosas protestas internacionales.
Un portavoz de la policía de Aomori (norte), donde la caja fue interceptada el 16 de abril, explicó que los militantes habían sido detenidos por haberse introducido ilegalmente en una propiedad privada para robar.
La organización ecologista había anunciado en mayo que iba a presentar una demanda judicial contra 12 miembros de la tripulación del "Nisshin Maru" que sacaban la carne del barco escondida en sus maletas.
La firma Kyodo Senpaku, armador y fletadora del barco, indicó en ese entonces que era una tradición dejar un poco de carne a la tripulación de las balleneras, pero un responsable de la empresa reconoció, pidiendo no ser identificado, que se sospechaba actos delictivos en torno a esa carne.
Japón caza ballenas utilizando una tolerancia de la Comisión ballenera internacional para campañas con objetivos "científicos", ya que la caza comercial de cetáceos está prohibida desde 1986.
Las autoridades japonesas reconocen que la carne de estos animales termina en los platos, pero según ellas sólo se trata de "productos derivados" de la investigación que sería una lástima arrojar a la basura.
Greenpeace denunció la detención de sus miembros como "una táctica de intimidación" por parte del gobierno.
"Hemos descubierto un escándalo en el que están implicados varios potentados del gobierno japonés que se benefician de la caza de ballenas, no es sorprendente que contraataquen", declaró el director de Greenpeace en Japón, Jun Hoshikawa.
"Lo que es sorprendente es que estos activistas, que no han cometido crimen alguno, sean detenidos por devolver la carne que ha sido robada a los contribuyentes japoneses", añadió.
La venta de la carne de ballena está en consecuencia estrictamente reglamentada en Japón, vendida a mayoristas a un precio establecido por el Instituto de investigación sobre los cetáceos, subvencionado por el gobierno.
